Detrás de una persona privada de la libertad hay una historia de vida: la educación dada en casa, el entorno social donde creció, la ausencia del Estado, en fin, múltiples factores que lo influenciaron a tomar decisiones equivocadas que hoy tienen una consecuencia. Todos como sociedad hemos tenido parte de responsabilidad en la problemática estructural de nuestro sistema penal y penitenciario que hoy enfrenta una grave problemática hacinamiento.

En Colombia, los establecimientos carcelarios cuentan con capacidad para recibir 76.553 reclusos, pero la población carcelaria  es de 118.769. Es decir, tenemos un hacinamiento del 53% correspondiente a 42.216 personas más de las que el espacio permite (INPEC, 2019). El debate ante esta situación se ha evitado por décadas, hoy llegó el momento de enfrentarlo.

Debemos salvaguardar la vida e integridad de toda persona, incluso aquellos privados de la libertad. Entendiendo que la situación de Emergencia Sanitaria frente al Covid19 requiere acciones inmediatas y transitorias; la presencia del virus en los centros carcelarios y penitenciarios sería catastrófica.

Como están las cosas, el Gobierno decretó la prisión y detención domiciliaria a 4.000 presos, sin ningún tipo de vigilancia más allá de la manifestación en el acta de compromiso de cumplir con la medida y el retorno al centro de reclusión. Lo que pareciera ser una medida de prisión domiciliaria transitoria, termina convirtiéndose en una posible excarcelación.

En un principio consideré poco acertada esta decisión, sin embargo, por la urgencia de la situación que estamos viviendo concuerdo que la propuesta de prisión domiciliaria transitoria para personas en claro riesgo de salud ante el virus es necesaria para salvaguardar sus vidas. No obstante, esta medida no puede significar la renuncia del Estado a la retribución del delito.

Mi propuesta, entonces es que aquellos beneficiarios de esta medida es garantizar una supervicion extricta y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, integrado por: trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos y consejeros familiares que se encarguen de realizar el acompañamiento a los reclusos y detenidos en su domicilio. Nuestro objetivo debe ser buscar una verdadera resocialización; reducir las posibilidades de reincidencia y violencia intrafamiliar.

Finalmente, en el Congreso de la República, se debe abrir la discusión para darle una solución definitiva al problema estructural de inconstitucionalidad en las cárceles de nuestro país. Esta emergencia abrió la puerta a tratar un tema que por años el Estado colombiano había querido ignorar.

El debate debe ser amplio e incluir a todos los sectores interesados para encontrar soluciones a nuestra política criminal y carcelaria.

Trabajemos por recuperar la confianza de la sociedad en la justicia. Trabajemos para darle una segunda oportunidad a quienes han tomado malas decisiones y necesitan una mano que les ayude a transformar su vida.

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