LAS IGLESIAS CONSTRUYEN TEJIDO SOCIAL; Y TAMBIÉN PAGAN IMPUESTOS

Ayer fue votada en las Plenarias del Congreso la 22ava reforma tributaria desde la década de los 90. Es decir, el país ha tenido que vivir múltiples escenarios de incertidumbre, donde cada gobierno de turno hace todo lo posible para dejar plasmado su sello en el modelo económico.

Esto ha generado que nuestro estatuto tributario se convierta en una colcha de retazos de progresos y regresiones. Para los inversionistas las reglas de juego no están siendo claras; para los emprendedores y empresarios se convierte en navegar contra la corriente el optar por la senda de la formalización y para el ciudadano la amenaza de cuánto más le será sacado de su bolsillo.

Si bien pocas o ninguna reforma deja a los ciudadanos contentos, esta deja un gran sinsabor, por cuenta de los impuestos saludables. Los cuales deben ir antecedidos de una política de salud pública y mecanismos que faciliten y abaraten el acceso a los alimentos de calidad. Hay que entender que muchas veces se consume no por gusto, sino por necesidad.

De igual manera en nombre de la progresividad tributaria se está atacando la inversión y la competitividad. El resultado: pérdida de empleo y pocas ganas de formalización. Lo que seguirá afectando a una gran parte de la población trabajadora y en edad productiva que seguirá carente de protección social y de derechos pensionales.

Y qué decir de atacar la primera fuente de financiamiento del país: los hidrocarburos. Sí, todas las naciones tienen el compromiso de acelerar su transición energética, pero de una manera progresiva y proporcional a su imprenta de carbono. Dar un salto al vacío y sin paracaídas, no tiene sentido, más aún cuando aún las potencias mundiales energéticas, han planeado una transición energética progresiva a largo plazo.

China, en días pasados anunció que no desescalaría, ni desaceleraría su producción industrial prontamente, y son quienes tienen una huella de carbono más alta. Europa se está dando cuenta del gran error que cometió al comprometer su autonomía energética y está volviendo atrás varias políticas de dependencia. Si bien no somos un país petrolero, las propuestas del gobierno actual que quedaron aún consignadas en esta reforma afecta la fuente mayoritaria de ingresos del país. Por lo tanto se afecta el crecimiento económico de las familias.

En el marco de esta discusión, por tercera vez, un sector progresista ha usado la discusión tributaria para atacar la libertad de culto y de credo. Afirmando que «las iglesias no pagan impuestos». Además refuerzan sus discursos señalando que no cumplen su papel social acusando de convertirse en maquinaria electoral.

Muchas veces me llamaron a entrevista diversos medios de comunicación y en redes me pedían que me pronunciara. Lo cual no consideraba pertinente, porque era necesario que el Congreso mismo se pronunciase ante la propuesta de un pequeño grupo de parlamentarios. Y si bien he sido senadora en tres ocasiones y tengo muy buenas relaciones con todas las bancadas, me abstuve en opinar mientras transcurría la discusión. Porque bajo premisas de titulares atractivos, no solo se niega la verdad sino que se estaba violando el fundamento constitucional y legal.

Ayer, en la discusión de la Plenaria del Senado, vi gratamente como se corrió esa cortina de humo. Donde muchos senadores, aún de las bancadas progresistas y alternativas, resaltaron la labor social de la iglesia que llega a donde el estado no alcanza. Labor que ha apalancado la educación del país, que ha defendido la infancia, protegido a los más vulnerables y le ha dado un espacio de visibilidad y participación a la mujer.

No fueron pocos los parlamentarios, que además de reconocer la función social de la iglesia, resaltaron que esa propuesta no sólo busca estigmatizar a quienes ejercemos cualquier tipo de liderazgo; sino que atenta contra la libertad religiosa garantizada en la Constitución Política.

Poner la función de la iglesia en la palestra pública, desconociendo su labor social y su papel en las familias, fue el pretexto para distraer la discusión de fondo sobre los temas álgidos que al inicio destaqué; fue la excusa para atacar a la población creyente del país que es consciente que su credo y confesión no les aleja a los asuntos de la vida cotidiana y responsabilidades civiles; y atacar a quienes que por ser creyentes son estigmatizados para que no ejerzan sus derechos como ciudadanos, para que así, se alejen de la participación en las decisiones políticas de la nación.

En lo referente a las actividades de carácter comercial (no confesional) como: la producción y comercialización de libros, servicios de cafetería, alquiler de auditorios, realización de eventos y demás actividades diferentes a la eclesial, estas no son desarrolladas por las iglesias, sino por empresas debidamente constituidas y registradas ante Cámara de Comercio y demás entes de control que las vigilan, las cuales pagan todos los impuestos relacionados con su objeto social, como son IVA, Impoconsumo, Industria y Comercio y renta.

Estas actividades comerciales se ejercen de forma separada a la actividad eclesial, para lo cual se han creado empresas conexas que generan empleos y no evaden responsabilidades fiscales, si bien acompañan la labor de la congregación, son actividades sobre las cuales se reportan y pagan todos los impuestos.

Las iglesias son entidades no contribuyentes del impuesto de renta, debido a que son organizaciones que se crearon sin fines de lucro con el objetivo de promulgar la doctrina cristiana y el desarrollo de labores sociales, que cumplen cabalmente. Igualmente, son objeto de control permanente por parte de la DIAN, quien puede solicitar la información que considere pertinente a fin de evitar conductas atípicas.

Adicionalmente el 5% del empleo formal del país es generado por las iglesias. El mismo DANE reportó que este sector genera más de 260 mil empleos formales, empleando especialmente a población mayor de edad, mujeres y jóvenes. Ha superado aún la proporción de empleo que genera el sector de las TICs y de la economía naranja.

En conclusión, al cerrarse la discusión de la reforma tributaria, nos queda el reflexionar sobre cuál es el modelo económico que queremos para la nación y qué situación fiscal le dejaremos a las generaciones futuras. Por mi parte, sueño con una Colombia que cierre las brechas y reduzca la pobreza mediante el fortalecimiento del sector productivo; que la apuesta social no sean los subsidios que perpetúan el hambre y la dependencia de las familias a las migajas de un estado, sino que la gran apuesta sea el empleo y que el crecimiento económico alcance a las familias, para que así los colombianos sean libres de escoger su destino. Porque a libertad hemos sido llamados.